Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa

Informe de Allanamiento

Informe de Allanamiento

 

Allanamiento de estudios profesionales – Pautas de interés para la veeduría de los Consejos Profesionales

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Materia:

Allanamientos de Estudios Profesionales. Pautas de interés para la veeduría por los Consejos Profesionales.

Introducción:

Sobre este tema la Asesoría produjo un informe el 15 de agosto de 1990 para el CPCE de Santa Fe -Cámara Segunda. Asimismo, el 3 de noviembre de 1997 emitió otro informe a esa FACPCE, a solicitud del CPCE de Tierra del Fuego en que indicaba, al final, que de requerirse otros detalles convendría que fueran planteados en concreto.

Esa FACPCE acordó luego producir un documento sobre allanamientos de Estudios que reuniera los aportes de los Consejos Profesionales. Esos aportes han sido recibidos en la fecha y corresponden a las provincias de Santa Fe - Cámara Segunda, Córdoba y La Pampa.

Este informe reúne las experiencias más notables conocidas y constituye un anticipo de un análisis general en que se ponderarán los documentos recibidos de esas tres jurisdicciones y los demás que se remitan a la brevedad.

I - El tema de los allanamientos de Estudios Profesionales recién fue materia de tratamiento en la legislación nacional al establecerse, en 1985, el régimen de policía profesional sobre la profesión de abogado en la Capital Federal.

La Ley N° 23.187 crea el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y establece resguardos especiales sobre esta profesión siguiendo, en gran medida, antecedentes de las legislaciones provinciales. Establece el deber de guardar el secreto profesional y el derecho de: "art. 7° inc. e) la inviolabilidad de su estudio profesional en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Colegio al
realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo".

I.1. Sancionada esta ley el CPCECABA y la FACPCE solicitaron a la Justicia Nacional la aplicación de esa norma para los Estudios de los profesionales en Ciencias Económicas. A través de respuestas positivas o simplemente por el cumplimiento efectivo se ha logrado que toda la Justicia Nacional, Penal o Civil, le de cumplimiento. Asimismo se reclamó ese mismo resguardo a los organismos públicos con competencia en causas penales. La legislación posterior en materia de aduanas, impuestos en general y seguridad social y la ley penal tributaria justificaron con amplitud aquellos primeros reconocimientos.

I.2. Quedó consagrado que se trataba del ejercicio de una veeduría por parte del Consejo Profesional en resguardo del secreto profesional establecido por las leyes. Por lo tanto, en un allanamiento a un Estudio, concurren el interés propio del profesional cuya protección corre por su cuenta y el interés de la policía profesional en la tutela del secreto profesional derecho común a todos los matriculados.

Debe tenerse siempre presente, para no desnaturalizar el sistema, que la veeduría es para el control de la regularidad del procedimiento y no la defensa particular del profesional.

El cumplimiento de esta veeduría carece de normas legales de aplicación. Por esa razón cabe estarse a antecedentes jurisprudenciales y a una guía de directivas que faciliten la labor de
veedor.

I I - Con esta introducción y la prevención inicial pueden señalarse pautas sintéticas y útiles para los veedores sin que por cierto con ellas pueda considerarse agotado el tema. Por principio se refieren a acciones penales promovidas por la AFIP aún cuando pueden tener otro
origen y exclusivamente la diligencia de allanamiento y secuestro que se practica en un Estudio Profesional con relación a clientes del mismo.

1. El Consejo Profesional debe ser notificado por el Juzgado interviniente. Puede practicar la notificación la AFIP mediante nota de la Agencia correspondiente. Pueden darse circunstancias variadas; así puede suceder que se solicite primero la presencia de un veedor y luego, una vez
instalado éste en el lugar previo de reunión - que puede o no ser el Estudio -recién se le hace conocer el texto de la orden de allanamiento. Se suelen argumentar razones de urgencia para este proceder. En otros casos se requiere esa presen-cia pero se omite suministrar inicialmente algunos datos que pueden afectar la diligencia.
Todas estas posibilidades resultan admisibles.

2. El CPCE debe determinar quién asistirá al allanamiento. Debe emitirse una nota de designación con los datos personales del profesional que asistirá y que llevará el veedor a los
efectos de su identificación y habilitación para el acto.

3. El veedor debe solicitar que se lea a viva voz la orden de allanamiento a los efectos de conocer su alcance y justificar la presencia de las autoridades que se han constituido. Puede requerir copia de la misma pero no existe obligación que se le entregue. Intervienen usualmente el Secretario del Juzgado que emitió la orden de allanamiento o personal
autorizado por el mismo en el mandamiento judicial, funcionarios de la AFIP autorizados expresamente y Policía Federal, Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina
en su carácter de fuerza pública. Deben constar en el acta del allana miento junto con el veedor.

4. Leída la orden de allanamiento, se procede a su cumplimiento. Se debe observar que los funcionarios judiciales y el personal de la AFIP autorizado, revisen la documentación perteneciente a los contribuyentes que se mencionan en el mandamiento judicial y no la de otros clientes. Como datos útiles se debe mencionar con claridad:

 

- Lugar donde se practica la diligencia.

- Nombre, apellido y domicilio del Profesional.

- Identificación del cliente objeto de la investigación.

 

5. Es posible que el veedor del Consejo Profesional pueda necesitar la colaboración de un colega autorizado a ese efecto. Ocurre que se deban controlar, revisar y secuestrar gran cantidad de conceptos actuando simultáneamente varios funcionarios de la AFIP por lo cual la veeduría puede verse excedida en la observación de que sólo se controla la documentación requerida en la orden correspondiente a el/los cliente/s mencionado/s.

6. La revisión de papeles de trabajo ha dado origen en varias oportunidades a conflictos. Los mismos, por posible vinculación entre distintos contribuyentes y alguno ser además cliente, suelen constar en una misma hoja. Así una liquidación de un cliente puede tener al dorso la liquidación de otro vinculado. En estos casos, sólo será procedente que se lleve la información del cliente requerido en el allanamiento, aunque tuviere al dorso otra, si éste no se incluye en la orden de allanamiento. Debe tenerse presente que la delimitación de los papeles de trabajo no es de fácil producción.

7. Durante el desarrollo del allanamiento no corresponde que se tome declaración al veedor o que responda preguntas, fuera de su actuación en ese carácter. El veedor puede hacerle recordar al matriculado que existe un pedido de secuestro de cierta documentación y no tiene la obligación de prestar declaración.

8. El veedor no debe olvidar en ningún momento que su presencia obedece exclusivamente a dos aspectos fundamentales:

 

- Observar el debido proceso de la diligencia.

- Observar el debido proceso de la diligencia.

- Resguardar el secreto profesional.

9. El veedor debe estar atento al inventario de la documentación que va a retirar el Juzgado o los funcionarios autorizados de la AFIP, que se proceda prolijamente y se lacren los paquetes para evitar pérdidas de la documentación. Si bien esos resguardos debe solicitarlos el matriculado encuadra en la veeduría requerir que se le deje una copia legible del acta a los efectos de reclamos posteriores, respaldo de su entrega como justificación ante el cliente o control de la documentación cuando la misma sea devuelta. El veedor debe firmar el acta pero no la planilla en que conste el detalle de la documentación secuestrada, si es que ésta se labra por separado. Tampoco debe firmar los paquetes con la documentación secuestrada. El veedor solo interviene en el límite señalado.
10. El veedor debe solicitar que consten los aspectos sustanciales mencionados de la diligencia.

11. El veedor debe solicitar una copia legible del acta de cierre de la diligencia a los efectos de poder justificar y concluir el operativo a su cargo.

12. Debe sugerir, si el matriculado se aviene al procedimiento sin ofrecer ninguna oposición, que la fuerza policial, no permanezca dentro ni fuera del Estudio para no causar agravio a su prestigio, valores y demás derechos. El allanamiento es a ese lugar pero no respecto al profesional sino a documentación de alguno de sus clientes.

13. Se advierte que suele ser objeto del allanamiento el secuestro de máquinas computadoras del Estudio. Frente a esa situación no queda otra alternativa que conste en el acta la oposición del matriculado y/o del veedor en caso que el retiro de esos elementos no se encuentren mencionados o comprendidos dentro de la orden. El veedor puede advertir que en esas máquinas pueden obrar antecedentes de otros clientes y se pueda violar el deber de secreto profesional.

14. Se advierte, a título informativo, que el secuestro de estas máquinas de-be estar comprendido dentro de los elementos de interés probatorios que el Juez señala en la respectiva orden. Dentro de la lógica del nuevo Código Procesal Penal el Juez debe fundamentar la necesidad del libramiento de la orden de allanamiento, requisa y secuestro, bajo pena de nulidad. Sin embargo se ha declarado que el secuestro de elementos extraños a la causa, pero que significan pruebas concretas de la comisión de otros delitos, no generan nulidad alguna, desde que al contarse con una orden de requisa legítimamente emitida por un Juez competente, el derecho a la inviolabilidad de domicilio debe ceder ante el interés de la comunidad en la investigación y condena de los delitos. Se trata de un tema muy opinable.

15. Un texto de uso posible que un matriculado puede solicitar que conste en el acta en caso de secuestro de computadoras puede ser el siguiente:

"El Dr.., deja expresa constancia que dentro de la memoria y en los archivos de la/las computadoras secuestradas, existe información extraña al procedimiento por pertenecer a otros clientes del Estudio, y que como tal dicha información se encuentra amparada bajo las normas del secreto profesional, resultando información estrictamente confidencial y de circulación restringida, deslindando la responsabilidad en los funcionarios intervinientes por su futura protección".

16. El veedor debe pasar al CPCE un informe claro y circunstancial del allanamiento.

Asesoría Legal de la F.A.C.P.C.E., 25 de junio de 2004

 

 

 

 

Estimado Matriculado, recuerde el siguiente texto vigente de la ley 1192:

"Art. 88: Los dictámenes y certificaciones efectuados por los profesionales no tienen valor sin la autenticación de la firma por la autoridad indicada en el artículo 20, inciso d)" (Autoridad del Consejo)